Advierten sobre el fuerte deterioro del sector energético

Analistas del sector energético coinciden en que el panorama no genera certidumbre para ese mercado. Hay falta de inversiones y de reglas de juego claras, aseguran.

La expansión de la producción energética argentina está condicionada por una serie de factores jurídicos y económicos que «ponen en riesgo» el abastecimiento que el país consiguió recuperar en 2019, tras casi diez años de saldo deficitario.

Así lo destaca un informe de la Fundación Mediterránea, en el cual se señaló que «los cambios permanentes en las reglas de juego, la inestabilidad macroeconómica, el control de capitales y la insuficiente infraestructura complementaria, atentan contra la posibilidad de expansión de la producción, en particular la del gas», principal componente de la matriz energética local.

En una investigación del economista José María Rodríguez, se advirtió que la energía «al ser un sector capital intensivo» requiere de «una corriente permanente de inversiones» que a su vez necesita de un marco regulatorio y de estabilidad económica favorable.

«En la Argentina, los cambios en las reglas de juego bajo las cuales opera el mercado, sobre todo en los mecanismos de formación de precios claves del sector energético, la discrecionalidad de la política sectorial y la inestabilidad macroeconómica, determinaron un contexto de débil apropiabilidad de los retornos de la inversión», indicó.

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De esa forma se fue originando «un ámbito poco propicio para atraer capital de riesgo al sector energético», en el que «las inversiones mostraron una tendencia marcadamente decreciente, que se manifestó con caídas en la cantidad de pozos terminados, sobre todo de pozos en exploración y explotación».

La combinación de una caída permanente en la producción desde finales del siglo pasado y el aumento del consumo derivo en un saldo superavitario de la balanza energética cada vez más reducido, hasta que en 2011 se perdió el autoabastecimiento.

«Recién en 2019, el consumo vuelve a estar por debajo del nivel de producción energética», indicó Rodríguez, aunque advirtió que esa mejora en la balanza sectorial puede revertirse en la medida que no se establezcan condiciones propicias para las inversiones.

Con una participación relativamente baja de las energías renovables, similar a la de Estados Unidos (8.3%) y algo menor que la mundial (13.7%), la Argentina tiene sin embargo una matriz energética considerada «limpia», en tanto la producción de gas supera a la de petróleo y carbón.

«La alta disponibilidad de gas natural, sobre todo a partir de Vaca Muerta, puede tener un papel importante en la transición energética hacia un proceso de ´descarbonización´, que apunta a reducir la emisión de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global», destacó la Mediterránea en su informe.

Tarifas

Al respecto, puntualizó que «una correcta política de precios del gas natural permitiría que este combustible desplace de manera eficiente la utilización de otros combustibles más contaminantes que forman parte de la actual matriz energética».

«Sin embargo, los datos más recientes de producción energética, indican que el país transita en sentido contrario», apuntó Rodríguez.

Si se compara la producción pre-pandemia (2019) con la proyectada para este año 2021, se puede apreciar una reducción del 12,5% en la producción gas, pasando de 135,2 MMm3/d a 118,39 MMm3/d, en tanto que la producción de petróleo pasó de 82.518 m3/d, a 90.506 m3/d, mostrando un aumento del 9,7%.

Más allá de cuestiones relacionadas con la pandemia, Rodríguez sostuvo que «la política pública sectorial está detrás de este comportamiento divergente».

«La inclinación hacia la explotación de petróleo también está influenciada por la disponibilidad de infraestructura, que permite transportar la producción desde los pozos, las posibilidades que brinda la exportación y una coyuntura favorable en relación a los precios», añadió.

La mirada del Instituto Mosconi

Por otro lado, el Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, advirtió sobre las consecuencias económicas de la norma recién sancionada sobre la prórroga por 10 años del Fondo Fiduciario para subsidios de consumos residenciales de gas, que establece la ampliación de las “zonas frías” del país.

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El informe señala que en función de esa norma, el fondo tiene por objeto financiar las compensaciones tarifarias a los consumos residenciales del gas natural y gas licuado de petróleo de la región patagónica, que incluye a las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, La Pampa y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, el Departamento de Malargüe de Mendoza y la región conocida como la Puna, que pagan el 50% de los cuadros tarifarios plenos.

“Geográficamente alcanza a más de la mitad de la Argentina, e incorpora, de forma injustificada, zonas templadas a un subsidio generalizado de enorme error de inclusión, que no discrimina hogares de ingresos medios y altos que no requieren subsidios”, destacó el Instituto Mosconi en un informe recientemente difundido.

Sobre el esquema de reducción tarifaria, que abarca descuentos que van del 30 al 50% en las facturas residenciales de esa zona, el trabajo del Mosconi puntualizó que  “estas rebajas en la factura reducirán aun mas el precio del gas que paga la demanda, aumentará los subsidios, distorsionará señales de escasez y anulará todo incentivo a la eficiencia en el consumo de un bien de alto costo de producción y de importación”.

Los subsidios aumentarán casi $3.000 millones por el efecto en el costo de generación eléctrica, lo cual implica un subsidio cruzado del sector eléctrico a los usuarios de gas. Pero también existirá un subsidio cruzado desde la industria que será afectada con un sobrecosto superior a los $2.000 millones en sus compras de gas”, expresó la entidad.

El Mosconi finalmente agregó que “la política de tarifas y subsidios debe alejarse de pensamientos mágicos. Regalar la energía no es gratis, tiene costos en inversión, en calidad de servicio, en subsidios, en inflación, que ni el sector energético, ni la economía nacional tienen margen de financiar”.

Fuente: www.perfil.com

Martínez y Arroyo impulsan que los servicios básicos lleguen a más barrios populares

El Secretario de Energía y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación firmaron esta tarde un acta de colaboración para llegar con los servicios básicos de energía eléctrica, gas y alumbrado público a más barrios populares a través del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares.

Darío Martínez expresó que “la colaboración que iniciaremos junto al Ministerio de Desarrollo Social logrará mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Todos los argentinos y argentinas tienen derecho a acceder los servicios básicos, sin importar el lugar en el que vivan, por eso seguiremos trabajando bajo el mandato del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, logrando que la energía llegue a cada rincón de nuestro país”.

«La urbanización de barrios populares es un eje fundamental de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, porque combina el acceso a derechos con la generación de un gran plan de empleo. Este convenio con la Secretaría de Energía es un salto de calidad en el proceso que venimos llevando adelante, porque posibilitará el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los barrios y el acceso a un servicio básico para miles de familias que hoy viven en condiciones muy difíciles», expresó a su vez Daniel Arroyo.

El acta de colaboración contempla que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social trabajen de forma conjunta en la identificación y el diseño de proyectos energéticos para dar respuesta a las necesidades de infraestructura, mejoras en eficiencia energética y seguridad eléctrica de los barrios populares.

Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares es un programa dependiente de la cartera de Desarrollo Social que tiene como objetivo principal la elaboración e implementación de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscritos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Se trata una serie de acciones que tienen como meta principal el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Todas estas obras deben adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.

La Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acordaron el aporte de información relevante para identificar proyectos de obras y servicios de provisión de energía eléctrica y gas necesarios en los barrios populares alcanzados por el programa.

Fuente: www.argentina.gob.ar

Argentina y Bolivia cierran acuerdos estratégicos por el litio y la explotación de gas

El gobierno socialista de Arce y el de Alberto Fernández avanzaron en un memorándum para desarrollar con el Conicet trabajos de investigación y la incursión en plantas gasíferas bolivianas.

El gobierno empezó a cosechar los frutos de las buenas relaciones que Alberto Fernández tiene con la administración socialista de su par boliviano Luis Arce y empezó a ver en hechos concretos los resultados de haber acogido a Evo Morales en su exilio: Bolivia acaba de cerrar con la Argentina un acuerdo para avanzar en tareas de investigación sobre el desarrollo del litio y aceptó incluir a su vecino en los futuros proyectos de explotación de yacimientos de gas.

No se trata de temas menores para la economía de ambos países y el despliegue de proyectos conjuntos que en el futuro podrían derivar en incentivos comerciales de envergadura para la región.

El embajador argentino en La Paz, el kirchnerista Ariel Basteiro, avanzó en los últimos días en un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), YPF, Y-TEC, CONICET, y del lado de Bolivia, del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para establecer una agenda común de intercambio y desarrollo científico-tecnológico en materia energética, especialmente, para el desarrollo para la extracción e industrialización del litio, hidrocarburos, y energías renovables.

El acuerdo se selló entre el titular de la cartera de Ciencia, Roberto Salvarezza, y su par de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina Ortiz. Según pudo saber El Cronista el acuerdo conjunto apunta a desarrollar tecnologías de desarrollo de producción de baterías y otros derivados del litio.

El entendimiento entre la Argentina y Bolivia cobra relevancia en nuestro país si se tiene en cuenta que desde el kirchnerismo duro empezaron a evaluarse distintos proyectos de ley tendientes a nacionalizar el litio y ejercer una mayor intervención estatal en el desarrollo de este mineral copiando el modelo boliviano que supo instrumentar Evo Morales desde que era presidente.

 

«Debemos intensificar la cooperación con Bolivia tanto en la formación y desarrollo de nuestros recursos humanos como en la participación de nuestros países en toda la cadena productiva de nuestros recursos naturales. Argentina está encarando una serie de innovaciones y proyectos en el área del litio, gas y petróleo», dijo el ministro Salvarezza en relación al acuerdo con Bolivia.

El gesto con Bolivia es relevante desde el punto de vista geopolítico si se tiene en cuenta que ambos países forman parte del denominado «triángulo del oro blanco» que incluye también a Chile. Los tres países concentran gran parte de los yacimientos mundiales de litio que son necesarios para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Respecto del litio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología destacó que trabaja para fortalecer las capacidades que hacen al desarrollo de recursos humanos respecto a la tecnología de litio y la cadena de valor (del mineral a la fabricación de la batería). Por ejemplo, el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) trabaja en la temática de extracción del litio.

Por otro lado, hay dos plantas piloto para desplegar en Argentina la construcción de baterías para almacenar energía eólica y solar. En este sentido, Bolivia ha desarrollado procesos de producción de baterías que compartirá con la Argentina a raíz de este acuerdo de cooperación científica.

En tanto, el otro acuerdo en marcha tiene que ver con la decisión del presidente Arce de que la empresa estatal de gas de Bolivia cierre contratos de servicios petroleros con empresas de Argentina para ejecutar 20 proyectos de exploración de hidrocarburos en varias regiones del territorio nacional, con una inversión prevista mayor a u$s 400 millones.

La estatal petrolera de Bolivia presentará el plan de exploración que ejecutarán YPFB y las empresas operadoras en el periodo 2021-2022 con la finalidad de incrementar las reservas de gas natural y petróleo del país, informó el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen.

El gobierno socialista de Bolivia instrumentó un plan exploratorio del gas que se sumará al proyecto de construcción y producción de diésel renovable -o ecológico- en el departamento de Santa Cruz, que demandará u$s 250 millones de inversión y estará concluido y en funcionamiento a finales de 2024.

 

Este acuerdo se da en medio de una dura pulseada entre ambos gobierno por la provisión de gas en invierno que escasea en la Argentina.

Así, los gobiernos de Argentina y Bolivia acordaron este jueves una quinta adenda al convenio de venta de gas natural vigente desde 2004, por la cual el país recibirá en 2021 hasta 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) durante los meses de invierno, lo que significará un 30% menos de lo entregado este año. El acuerdo incluye una baja del precio del gas que Argentina le compra a Bolivia como consecuencia de la imposibilidad del vecino país no sólo de poder cumplir con los volúmenes del contrato original firmado por los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, sino los acordados en la cuarta adenda. De acuerdo a la adenda tras las negociaciones iniciadas en junio, Bolivia se comprometió a enviar 11 MMm3/d de enero a abril; luego incrementar a 14MMm3/d para los meses más fríos de mayo a agosto, para reducir a 13MMm3/d en septiembre y caer a 10 MMm3/d en el último trimestre de 2021.

Fuente: www.cronista.com

Economistas y académicos destacaron la capitalización de IMPSA y plantearon los desafíos energéticos hacia el futuro

Durante el evento, se expresaron los desafíos de ir hacia una política industrial verde, en una economía donde los recursos sean utilizados más eficientemente; elevar la productividad de la economía en el sentido tradicional pero siendo más amigables con el medioambiente.

El Consejo para el Cambio Estructural del Ministerio de Desarrollo Productivo, de manera conjunta con el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA; la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM; el Departamento de Economía y Administración de la UNQUI; y el Centro de Políticas Estratégicas y Asuntos Globales de UDESA realizaron el seminario “La academia debate IMPSA. Oportunidades y desafíos para la transición energética con tecnología nacional”, en donde distintos académicos coincidieron en la importancia de la decisión estratégica del Gobierno Nacional y el de Mendoza de capitalizar la empresa. Además, se plantearon distintas estrategias para fortalecer la continuidad productiva de la compañía y la importancia de resguardar los puestos de trabajo.

Durante el evento, se expresaron los desafíos de ir hacia una política industrial verde, en una economía donde los recursos sean utilizados más eficientemente; elevar la productividad de la economía en el sentido tradicional pero siendo más amigables con el medioambiente. Participaron el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, Andrés López; el director de la Maestría en Política y Economía Internacionales, Federico Merke; la directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo, Verónica Robert; la directora del Diploma de Posgrado CATES, Patricia Gutti; y el director de Graduados de la Facultad de Ingeniería, Lucas Viñals.

IMPSA, una empresa de tecnología e infraestructura energética con 114 años de vida, emplea de manera directa a 720 personas (un 35% son ingenieros) y genera trabajo a un entramado productivo de más de 100 PyMES mendocinas. La empresa exporta el 85% de su producción, y lleva diseñadas y fabricadas más de 200 turbinas que producen energía en 40 países. Tan solo en Argentina, las turbinas generadoras tienen el potencial de captar unos 2.000 millones de dólares. También produce torres eólicas, puentes grúas, generadores para industria nuclear, entre otros.

El director de la Maestría en Política y Economía Internacionales en la Universidad de San Andrés, Federico Merke, realizó un análisis desde una perspectiva internacional de hacia dónde van las principales tendencias en materia energética, y planteó 6 puntos que son desafío y oportunidades que hacen al contexto global en materia energética. En este sentido, afirmó que “estamos en un imperativo climático, que consiste en descarbonizar la economía hacia el 2050, consistentes con las metas de París”, y aseguró que “el mundo debe aumentar la producción y el consumo de energías renovables”.

“El primer punto es un problema de acción colectiva, de desacople y fragmentación. Deberíamos ver cómo identificar mercados, inversores. El segundo elemento es el conflicto distributivo, sobre todo para los países en desarrollo. El tercer aspecto tiene que ver con el financiamiento; y el cuarto es la mayor demanda de materiales críticos: los inversores están viendo con bueno ojos el potencial para el nuevo ciclo de materias primas”, detalló Merke y completó que el quinto elemento es el impacto ambiental de las energías renovables y el último elemento es la justicia climática. Es clave un gobierno y un sector privado que cumpla con las reglas y explique cuales son los desafíos que hay por delante, así como trabajar con la juventud”.

Por su parte, Andrés López, de la UBA y el Conicet, planteó “la necesidad de ir hacia una economía baja en carbono, que será un imperativo en el comercio exterior. La política industrial es aumentar la productividad en la economía y ayudar la transformación en la estructura productiva de las economías. En tanto, la política industrial verde es apuntar hacia una economía donde los recursos sean utilizados más eficientemente, y que sea más baja en carbono. Esto apunta a elevar la productividad de la economía en el sentido tradicional pero más amigable con el medioambiente”.

La directora del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales y de la Universidad de San Martín, Verónica Robert, ahondó sobre las características particulares de IMPSA como empresa de gran escala, su capacidad productiva a partir principalmente del desarrollo de energías renovables y el reciente proceso de crisis que atravesó. Además, profundizó sobre las características del sector de energías eólicas en el mundo y los campos de conocimiento abordados.

“IMPSA ha acumulado competencias a lo largo de su historia en áreas como el transporte, energía nuclear, combustibles, distribución eléctrica, gestión energética y telecomunicaciones. Pero también vemos que desarrolló bases de conocimiento en nuevos conocimientos estratégicos, como data, analytics, inteligencia artificial, machine learning e inteligencia artificial. Todo esto sumado a su núcleo productivo que es la producción de maquinaria e ingeniería para la energía eólica. En este sentido, es primordial poner en valor estas capacidades adquiridas de la empresa para no perderlas y ahí reside la importancia de la capitalización por parte del Estado”, detalló.

A su turno, el director de Graduados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo, Lucas Viñals, que además trabajó en IMPSA 9 años, destacó las “capacidades tecnológicas y comerciales” de la empresa, y consideró que la misma cuenta con “la tecnología y las personas capaces para poder desarrollar todo el potencial de la empresa. Impsa es única en Latinoamérica en su especie, y es estratégica e importante”.

La directora del Diploma de Posgrado CATES de la Universidad Nacional de Quilmes, Patricia Gutti, resaltó el rol de las empresas públicas y detalló que antes de 1976 existían más de 700, y que para el 2001 tan solo 19 empresas estaban en manos del Estado. “En la percepción pública prevalece el término de ‘naturaleza ineficiente’ de las empresas estatales. Esto se alimentó con un trato de analizar a las empresas públicas desde el parámetro de rentabilidad financiera, pero no siempre es ese el propósito”, dijo Gutti, y agregó: “La capitalización y reestructuración en Impsa tiene como propósito garantizar la continuidad de un conjunto de capacidades”.

“IMPSA actúa en un mercado particular, donde las compras públicas son centrales. Impsa genera contribución dinámica a la eficiencia dinámica, no es una empresa aislada. Genera infraestructura intensiva y favorece la eficiencia del sistema productivo. Por eso el Estado no resguarda solamente el desempeño de una empresa individual sino la performance del conjunto de la estructura productiva de la trama”, analizó, y destacó que “para el Estado no da lo mismo tener esta empresa. Es un actor clave”.

En cuanto a los desafíos que el Estado genera para la gestión corporativa, Gutti se preguntó si alcanza con la reestructuración que se hizo o se debería pensar en cuáles son los lineamientos estratégicos de la empresa. “Que la empresa, con el control del Estado, tenga su propia lógica de funcionamiento interno. Que genere las respuestas necesarias a los objetivos políticos y al mismo tiempo pueda responder al desafío y los retos tecnológicos del mercado, tanto local como global. El desafío es grande. Hay que definir, a mediano y largo plazo, cual va a ser el camino de esta nueva Impsa con participación nacional y provincial, que va a exigir un camino importante de coordinación”, definió.

Fuente: www.argentina.gob.ar