Las provincias autorizan subas de tarifas de luz a sus distribuidoras mayores a las de Capital y Conurbano.
Los porteños y bonaerenses pagan un tercio por su consumo de luz en relación a lo que abonan los cordobeses por ese mismo concepto. Un hogar en Neuquén o Tucumán recibe boletas que duplican las que le llegan a un cliente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La falta de homogeneidad en las tarifas de distribución eléctrica (luz) vuelven a repetir un cuadro ya experimentado, entre 2007 y 2015.
Una factura de bajo consumo residencial orilla los $ 500 mensuales -antes de impuestos- en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las zonas de concesión de Edenor y Edesur. Esa boleta es de $ 1.407 en Córdoba. En Neuquén, está rozando los $ 1.000. En la siguiente categoría tarifaria, pero también dentro de consumos menores, porteños y bonaerenses pagan $ 1.000 mensuales, mientras que una vivienda en Tucumán recibe una factura de $ 2.000 por ese concepto.
Las diferencias en las tarifas de luz tienen que ver con el área de jurisdicción. Cada provincia tiene su propia eléctrica a la que autoriza incrementos en los márgenes. La regulación de las concesiones de Edesur y Edenor habían pasado -durante el gobierno de Mauricio Macri- a un ente que conformarían la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero la administración de Alberto Fernández revirtió esa decisión y devolvió esas concesiones a la órbita del Estado nacional.
Aunque todas los hogares pagan el mismo costo por la electricidad consumida, la diferencia está en los márgenes que aplican las distribuidoras que los abastecen. Es lo que cobra cada compañía por prestar su servicio. Eso se llama “valor agregado de distribución”.
La energía consumida está subsidiada para todos, porque el precio es uniforme en todo el país. La diferencia son los cargos de distribución e impuestos, que establece cada provincia.
Desde febrero de 2019 hasta mediados de 2021, la mayoría de los gobernadores autorizaron incrementos en ese cargo. La inflación acumulada en ese período supera el 100%.
La secretaría de Energía autorizó, en mayo, un 9% de suba para las empresas bajo su jurisdicción (Edenor y Edesur). La provincia de Buenos Aires -que regula las concesiones de Edelap, Eden, Edea y Edes- se plegó al gobierno nacional y también avaló un 9% “Esta dispersión tarifaria no es nueva, para finales de 2015, el congelamiento de tarifas por más de una década en AMBA generó una enorme brecha tarifaria en relación con las tarifas provinciales que aumentaron de acuerdo con la inflación”, explica Alejandro Eintoss, coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem.
“Un usuario de Córdoba y Santa Fe pagaba facturas entre 6 y 7 veces superiores a un usuario del AMBA con igual consumo para finales de 2015. Todo indica que la política tarifaria nacional nos lleva a recorrer el mismo camino”, añade Eintoss, que recopiló los datos antes expuestos.
En una factura de luz, cerca del 40% es el costo de generación eléctrica. El 36% es el margen de las distribuidoras, y el 23% corresponde a impuestos. El resto son costos de transmisión.
Excluyendo los impuestos, lo que se paga en una boleta va en un 51% a cubrir el costo de generación y 47% se queda la distribuidora.
El costo de generación eléctrica es el mismo para todo el país. La diferencia pasa por los márgenes de cada distribuidora. La “cobertura” de las boletas sobre el costo de la generación eléctrica es del 30%. Es decir que 7 de cada 10 pesos de lo que cuesta generar la electricidad lo paga el Estado. Es el nivel más bajo desde 2016. En 2015, los subsidios cubrían casi un 90% de los costos.
De todas formas, las distribuidoras tampoco vienen pagando toda la electricidad que consumen sus clientes. Las firmas le deben cerca de $ 200.000 millones a Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, bajo control estatal. Las empresas no cubren sus costos pero se financian con Cammesa.
Edet (Tucumán) y Epec (Córdoba) lideran los aumentos en los últimos dos años. La distribuidora tucumana incrementó sus tarifas en un 71% en la categoría de consumo 300 kw/h mensuales. Epec subió un 71% a los clientes con mayor consumo (por ejemplo 600 kw/h), aunque igual el promedio de sus ajustes va del 64% al 74%.
Edemsa, la distribuidora de Mendoza, cuyos accionistas, el grupo Vila-Manzano, compraron el control de Edenor, remarcó un 32% en ese territorio cuyano. Enersa, de Entre Ríos, subió un 24%-25% las categorías de consumo menores, pero en los segmentos que demandan más electricidad remarcó hasta un 97%.
Según un cálculo de Edenor, cada cliente de esa empresa paga cerca de US$ 13 mensuales (al tipo de cambio oficial y para un consumo de 275 kw/h, que es una suerte de cliente R2-R3, considerados como de baja demanda). En Mendoza, ese cliente paga US$ 20. En Santa Fe y San Luis, entre US$ 21 y US$ 22. Entre Ríos, con US$ 33 para esa vivienda, y Córdoba, con US$ 36, lideran la tabla.
La factura de Buenos Aires, en torno a los US$ 13, es un tercio que la equivalente en Chile, que es US$ 38. Es casi un cuarto de lo que paga el promedio en Brasil (US$ 42), siempre dentro de ese mismo consumo. Esa boleta escala a un rango de entre US$ 58 a US$ 67 en otros latinos, como Perú y Uruguay. Una factura similar en España promedia los US$ 80, los US$ 79 en Reino Unido y US$ 69 en Francia. Los datos corresponden a una presentación hecha por Edenor a los inversores, cuando explicó sus pérdidas del primer semestre.
Destinó $615.000 millones para subvenciones a energía y transporte, un 101% más que en 2019. Cuánto deberían aumentar las tarifas en 2021 para evitar un mayor retraso.
El congelamiento de tarifas que sostuvo a lo largo del año el Gobierno nacional lo obligó a duplicar en 2020 los fondos destinados a cubrir parte del costo de las tarifas para los usuarios, en comparación con el año anterior. La velocidad a la que el Poder Ejecutivo pueda iniciar un proceso de recomposición de precios de los servicios públicos será clave para determinar cuánto podrá Martín Guzmán reducir el déficit fiscal en 2021.
De acuerdo a datos fiscales oficiales hasta noviembre, en los primeros once meses del año el Gobierno gastó en subsidios económicos unos $615.000 millones, es decir un 101% más en términos nominales en relación a los $305.000 millones que el Estado había desembolsado a esa altura del año anterior. En términos reales implicó un aumento del peso en el Producto Bruto de 1,6% a 2,6%, según estimó la consultora Ecolatina.
En esa partida presupuestaria se encuentran las subvenciones otorgadas por el Ejecutivo no solo a la energía eléctrica sino también al costo del transporte público, que también se mantuvo fijo durante 2020 por decisión del presidente Alberto Fernández como una de las medidas destinadas a evitar un impacto mayor en el bolsillo en medio de la crisis sanitaria.
El congelamiento de tarifas implica que el Estado pasa a hacerse cargo de una porción mayor del costo de la energía. Si el precio que pagan los usuarios no cambia, los aumentos en el valor de producción y distribución del gas o la luz -por ejemplo, por una devaluación- deben ser cubiertos con subsidios, que se canalizan por distintas vías.
En el caso de la energía eléctrica, la mayor parte de los subsidios son dirigidos a Cammesa, la compañía estatal que compra de forma mayorista el suministro a los productores. Con tarifas congeladas, las distribuidoras acumulan deudas con Cammesa y el Estado nacional debe salir a cubrir esa diferencia con subvenciones.
Para el gas no existe un Cammesa que actúe de intermediario entre productoras y distribuidoras y, por ende, que pueda ser objeto de subsidios oficiales. Según un informe de la consultora Econométrica, el volumen de las deudas que las nueve distribuidoras de gas mantienen con productores asciende a $57.436 millones.
El ritmo al que el Poder Ejecutivo necesitó cubrir los costos extra que generó el congelamiento de tarifas fue en aumento a lo largo del año. En enero, por ejemplo, precisó $18.400 millones para subvenciones a la energía. Hacia septiembre ya se había cuadruplicado y el insumieron al Tesoro $74.000 millones.
Según Ecolatina, en términos generales los precios treparon en torno al 3% promedio mensual desde el primer semestre de 2019 (cuando comenzó el congelamiento de tarifas durante el Gobierno de Mauricio Macri), por lo que acumularon una suba del 80%. “En cambio, las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% mensual, acumulando un incremento cercano al 10%”, estimaron.
Congelamiento: problemas en las empresas
El esquema de tarifas congelados supone no solo un obstáculo fiscal para el Gobierno sino problemas para las empresas del sector. De acuerdo a un informe de Ieral, la facturación de las compañías distribuidoras de gas y de energía eléctrica cayó en términos nominales en el tercer trimestre, según información presentada a sus inversores.
“En el caso de la distribución de gas, la facturación del tercer trimestre del año retrocedió 1,2% interanual (un movimiento inédito para la serie desde 2014), dato que compara con el incremento de 100,6% interanual observado durante idéntico período de 2019?, explicó Ieral. Al mismo tiempo, hubo un retroceso en los costos de venta de 26%.
De todas formas,” la rentabilidad neta, medida en términos de la facturación, pasó a terreno positivo a partir de 2016, hizo un pico de 17,6% en 2017, para luego perder terreno hasta 5,1% de la facturación este año”, concluyó Ieral.
Para el caso de la distribuidoras de luz, “la facturación cayó 6,9% interanual en el tercer trimestre; luego de crecer 98,6% en idéntico trimestre de 2019. En este caso también, los costos de venta cayeron más profundamente en el tercer trimestre: 96,3%”, reportó.
“A pesar de la baja en la incidencia de costos, los márgenes en términos de la facturación se han prácticamente extinguido. En efecto, luego de haber logrado una mejora sustancial a partir de 2016 mediante una recomposición tarifaria, ahora tienden a cero”, concluyó Ieral.
La acumulación de deudas de las empresas distribuidoras puede suponer un problema a futuro, según Econométrica. “En ambos casos (Edesur y Metrogas) enfrentan una delicada situación económico-financiera y queda claro que cada mes que permanece el congelamiento tarifario aumentan las deudas, aumentan las pérdidas y se reduce la capacidad de atender las inversiones necesarias a fin de mantener el servicio. En síntesis, el sistema se encamina a la cesación de pagos”, explicaron.
Parte de la solución para los balances de las empresas podría llegar en el Presupuesto 2021. “Los Artículos 87 y 88 del Presupuesto recientemente aprobado implican la posible condonación de gran parte de las deudas que las distribuidoras mantienen con Cammesa y que parte de las deudas que Cammesa mantiene con generadores sean asumidas por el Tesoro Nacional”, publicaron los economistas expertos en energía Julián Rojo y Alejandro Einstoss.
Las tarifas en 2021: la puja política y la necesidad fiscal
El Gobierno afrontará el año de elecciones legislativas con una cuenta de subsidios a los servicios público cada vez mayor, que terminarán por acumular un atraso de 80%, según estimaciones privadas. El timming para recomponer tarifas -lo que implicaría un impacto a la economía de los hogares y además un recalentamiento de la inflación- quedará en el medio de la puja entre las dos necesidades: la fiscal y la política.
Más allá de eso, el Gobierno dio el primer paso administrativo para iniciar el descongelamiento. A través del Decreto 1020/2020, publicado hace diez días en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación tarifaria de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.
Los dos entes estarán al frente del proceso, y tendrán para eso un plazo que no podrá exceder los dos años desde su entrada en vigencia. Sin embargo, ambos organismos dependientes de la Secretaría de Energía podrán prever “adecuaciones transitorias de tarifas”. Los entes reguladores deberán organizar un banco de datos del proceso de renegociación, llevar adelante los regímenes de audiencia pública, de consulta pública y de participación ciudadana que resulten pertinentes.
Días antes, el secretario de Energía Darío Martínez había asegurado que los aumentos se implementarán entre marzo y abril con un esquema diferenciado, según los ingresos de cada usuario. De esta forma, el funcionario confirmó que un porcentaje de la población tendrá una tarifa subsidiada. “Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PBI, sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera”, explicó.
“El presidente Alberto Fernández nos pidió trabajar por una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar. Pero sobre todo nos pidió hacer del servicio público de gas por redes, no un bien de lujo como se convirtió con (Mauricio) Macri y (Juan José) Aranguren, sino un derecho social, un servicio público esencial que además guarda estrecha relación con el derecho a una vivienda digna, tal y como consagra la Constitución Nacional. Este es el norte de lo que habrá de suceder de ahora en más”, había asegurado ante Infobae el interventor de Enargas, Federico Bernal.
El Gobierno avanzará en el verano con el proceso de descongelar las tarifas. El trámite llevará entre 75 y 90 días y habrá audiencias públicas.
Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural se harán efectivos entre marzo y abril de 2021, entre 75 a 90 días después de que empiece el proceso formal del descongelamiento.
Serán escalonados, segmentados por el nivel de ingresos de cada usuario y con la señal fiscal de que los subsidios no crezcan en términos reales, un punto que mira con especial atención el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Aunque existen versiones de que las subas irían entre el 25% y el 65%, los porcentajes todavía no están definidos.
La certeza que sí tienen en el Gobierno es que hay un 15% de usuarios con mejores posibilidades, que afrontarán mayores alzas.
Igualmente, a fines del próximo año este segmento de la sociedad seguirá sin pagar plenamente el costo de la energía, por lo que es posible que después de las elecciones legislativas tengan un nuevo incremento en sus facturas.
Durante el año que viene existirán «tarifas de transición» para la distribución de electricidad y para el transporte y la distribución de gas, hasta que se realice una Revisión Tarifaria Integral (RTI) ordinaria a fines del 2021, momento en el que llegarán a su fin los procesos vigentes desde 2017.
Así lo confirmaron a El Cronista dos fuentes oficiales que conocen de primera mano las negociaciones con las empresas.
En el verano, la Secretaría de Energía avanzará en las cuestiones burocráticas para convocar a audiencias públicas que validen las subas en las tarifas.
Este proceso convivirá con un probable incremento en la duración y la frecuencia de los cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, dado un mayor consumo residencial y el recorte de las inversiones previstas por Edenor y Edesur ante el congelamiento de sus ingresos, que lleva 20 meses.
El esquema macroeconómico que planea el Gobierno es que el gasto en subsidios se mantenga constante en relación al Producto Bruto Interno (PBI), en torno al 2,2%, que se divide entre 1,7 puntos para la energía y 0,5 para el transporte. Los subsidios energéticos tendrían erogaciones por $ 623.682 millones en 2021.
Para ello, el 40% más vulnerable de la sociedad continuará siendo fuertemente ayudado por el Estado para cubrir sus facturas.
A su vez, el 45% de «clase media» verá aumentos en línea con la inflación presupuestada, cercana al 29% anual.
Y el 15% «más rico» (que incluye a los asalariados en los deciles más altos) tendrá subas muy por encima de la inflación.
Si se cumplen las proyecciones oficiales y el dólar termina en diciembre de 2021 en $ 102,40, los usuarios pagarán -en promedio- apenas el 40% del costo de producir la energía eléctrica, mientras que el 60% restante lo seguirá abonando el Estado a las generadoras, cuyos ingresos se destinan a pagar el combustible y el mantenimiento de sus máquinas.
Por el lado del gas, el Gobierno implementará el programa de promoción para incentivar a las petroleras a invertir y que se revierta la caída en la producción, que podría conllevar la necesidad de mayores importaciones.
El sector no tiene claro cómo será el traslado a tarifas de los costos que surjan en la licitación del Plan Gas.
Debido a ello, el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo, expresó ayer en un documento que «el plan presenta un costo fiscal y tarifario indefinido» y que «los precios de referencia implican el aumento de un 40% en dólares del precio del gas que hoy paga la demanda prioritaria y de un 30% del que pagan las usinas».
«El Plan Gas se implementará sin tener definida una política tarifaria clara y previsible mientras que, por otro lado, genera amplios márgenes de discrecionalidad contrarios a los marcos regulatorios vigentes», adiciona el paper del instituto que conduce el ex secretario de Energía Jorge Lapeña.
La definición del presidente, Alberto Fernández, sobre que un aumento de tarifas llegaría cuando esté avanzado el 2021 generó sorpresa y resignación en las firmas privadas que operan los servicios públicos de electricidady gas, ya que esperaban definiciones en las próximas semanas y tener una actualización en enero.
En una de esas empresas comentaron que estaban «sorprendidos» porque los dichos del jefe de Estado difieren de lo expresado anteriormente por el secretario de Energía, Darío Martínez, acerca de que el congelamiento terminaba a fines de diciembre.
«El sector energético necesita claridad en las reglas y en los mensajes. Es un sector que es vital para la recuperación del país y que ha sido fundamental durante la pandemia», expresó una fuente que pidió reserva de nombre.
El vocero de otra compañía, también en off the record, afirmó que «hay un cortocircuito eterno» y consideró que el mismo Gobierno todavía no tiene en claro cuándo se liberarán las tarifas.
