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Los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural se harán efectivos entre marzo y abril de 2021, entre 75 a 90 días después de que empiece el proceso formal del descongelamiento.

Serán escalonados, segmentados por el nivel de ingresos de cada usuario y con la señal fiscal de que los subsidios no crezcan en términos reales, un punto que mira con especial atención el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aunque existen versiones de que las subas irían entre el 25% y el 65%, los porcentajes todavía no están definidos.

La certeza que sí tienen en el Gobierno es que hay un 15% de usuarios con mejores posibilidades, que afrontarán mayores alzas.

Igualmente, a fines del próximo año este segmento de la sociedad seguirá sin pagar plenamente el costo de la energía, por lo que es posible que después de las elecciones legislativas tengan un nuevo incremento en sus facturas.

Durante el año que viene existirán «tarifas de transición» para la distribución de electricidad y para el transporte y la distribución de gas, hasta que se realice una Revisión Tarifaria Integral (RTI) ordinaria a fines del 2021, momento en el que llegarán a su fin los procesos vigentes desde 2017.

Así lo confirmaron a El Cronista dos fuentes oficiales que conocen de primera mano las negociaciones con las empresas.

En el verano, la Secretaría de Energía avanzará en las cuestiones burocráticas para convocar a audiencias públicas que validen las subas en las tarifas.

Este proceso convivirá con un probable incremento en la duración y la frecuencia de los cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, dado un mayor consumo residencial y el recorte de las inversiones previstas por Edenor y Edesur ante el congelamiento de sus ingresos, que lleva 20 meses.

El esquema macroeconómico que planea el Gobierno es que el gasto en subsidios se mantenga constante en relación al Producto Bruto Interno (PBI), en torno al 2,2%, que se divide entre 1,7 puntos para la energía y 0,5 para el transporte. Los subsidios energéticos tendrían erogaciones por $ 623.682 millones en 2021.

Para ello, el 40% más vulnerable de la sociedad continuará siendo fuertemente ayudado por el Estado para cubrir sus facturas.

A su vez, el 45% de «clase media» verá aumentos en línea con la inflación presupuestada, cercana al 29% anual.

Y el 15% «más rico» (que incluye a los asalariados en los deciles más altos) tendrá subas muy por encima de la inflación.

Si se cumplen las proyecciones oficiales y el dólar termina en diciembre de 2021 en $ 102,40, los usuarios pagarán -en promedio- apenas el 40% del costo de producir la energía eléctrica, mientras que el 60% restante lo seguirá abonando el Estado a las generadoras, cuyos ingresos se destinan a pagar el combustible y el mantenimiento de sus máquinas.

Por el lado del gas, el Gobierno implementará el programa de promoción para incentivar a las petroleras a invertir y que se revierta la caída en la producción, que podría conllevar la necesidad de mayores importaciones.

El sector no tiene claro cómo será el traslado a tarifas de los costos que surjan en la licitación del Plan Gas.

Debido a ello, el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, think tank del radicalismo, expresó ayer en un documento que «el plan presenta un costo fiscal y tarifario indefinido» y que «los precios de referencia implican el aumento de un 40% en dólares del precio del gas que hoy paga la demanda prioritaria y de un 30% del que pagan las usinas».

«El Plan Gas se implementará sin tener definida una política tarifaria clara y previsible mientras que, por otro lado, genera amplios márgenes de discrecionalidad contrarios a los marcos regulatorios vigentes», adiciona el paper del instituto que conduce el ex secretario de Energía Jorge Lapeña.

La definición del presidente, Alberto Fernández, sobre que un aumento de tarifas llegaría cuando esté avanzado el 2021 generó sorpresa y resignación en las firmas privadas que operan los servicios públicos de electricidad y gas, ya que esperaban definiciones en las próximas semanas y tener una actualización en enero.

En una de esas empresas comentaron que estaban «sorprendidos» porque los dichos del jefe de Estado difieren de lo expresado anteriormente por el secretario de Energía, Darío Martínez, acerca de que el congelamiento terminaba a fines de diciembre.

«El sector energético necesita claridad en las reglas y en los mensajes. Es un sector que es vital para la recuperación del país y que ha sido fundamental durante la pandemia», expresó una fuente que pidió reserva de nombre.

El vocero de otra compañía, también en off the record, afirmó que «hay un cortocircuito eterno» y consideró que el mismo Gobierno todavía no tiene en claro cuándo se liberarán las tarifas.