La Empresa Provincial de la Energía (EPE) abordó en su sede central, de la ciudad de Santa Fe, detalles para la construcción de líneas eléctricas en localidades del departamento San Cristóbal, que vienen solicitando su concreción desde hace muchos años.
Del encuentro participaron la directora de la EPE, Gisela Wild; y los presidentes comunales de Villa Trinidad, José Luis Sánchez; y de Monte Oscuridad, Daniel Boscarol; los concejales de San Guillermo, Sonia Martina; Gustavo Bagnasco y Luciano Parola; y de Suardi: Roberto Pelussi.
En la oportunidad, los representantes de algunas localidades del departamento San Cristóbal manifestaron las necesidades que en materia energética vienen demandando desde hace varios años a las distintas autoridades provinciales.
“Esperamos que esta nueva gestión aliente la concreción de obras para sectores postergados, que demandan mejoras en la prestación del servicio para ayudar a los emprendimientos productivos, especialmente de los sectores rurales”, afirmaron.
En ese sentido, Wild destacó el compromiso de la conducción de la empresa para recepcionar las inquietudes de los representantes de cada localidad de la provincia y encontrar los caminos propicios para dar respuesta a esa demanda.
Wild informó sobre la resolución N°21 del Directorio, del 27 de enero pasado, que aprobó el llamado a licitación pública para la construcción de líneas eléctricas, financiadas por el fondo de electrificación rural en el distrito Monte Oscuridad, que se abrirán el 11 de marzo, con un presupuesto de casi $ 50 millones.
La obra tiene como objeto la construcción 21.500 metros de líneas de media tensión y el montaje de doce puestos aéreos de transformación, para el suministro trifásico en zona rural de esa región.
El ENRE avanzará con Edesur y Edenor hacia una “adecuación transitoria” de lo que deben pagar los usuarios hasta que se arribe a un acuerdo definitivo entre el Poder Ejecutivo y las prestadoras de energía eléctrica.
El Gobierno Nacional avanza con el descongelamiento de las tarifas cuyos aumentos comenzarían a regir recién en el mes de marzo. En conjunto con las empresas de electricidad discutirá un cuadro tarifario de carácter “transitorio” hasta que se arribe a un acuerdo definitivo entre el Poder Ejecutivo y las prestadoras de energía eléctrica.
A fines de 2019, cuando el Congreso aprobó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declarando la emergencia pública tarifaria y energética, entre otras, se le delegó al Gobierno facultades para “reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”. Es decir, se facultó al Poder Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral (RTI) vigente.
Por decreto, el pasado 16 de diciembre, se determinó el inicio de la RTI vigente. La ley de Solidaridad Social faculta además al Gobierno a dar inicio a una revisión de carácter extraordinario “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias”. En efecto, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fue encomendado para realizar el proceso de renegociación de las revisiones tarifarias.
Este jueves, a través de la Resolución 16/2021 publicada en el Boletín Oficial, el ENRE dio inicio al “procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe a un acuerdo definitivo de renegociación”, por lo que convocó a las empresas Edenor y Edesur a participar del mismo.
El ENRE estará a cargo de las instancias de participación ciudadana “convocando a las personas usuarias y a las Asociaciones de Defensa del Consumidor, a fin de ser informados de las distintas etapas del citado procedimiento, garantizando su publicidad y el derecho de acceso a la información”.
Cabe recordar que por las tarifas se encuentran congeladas por decreto hasta mediados de marzo, sin embargo la actualización de las mismas podría darse antes de esa fecha con la entrada en vigencia de los “cuadros tarifarios transitorios”.
A principios de 2020, una auditoria llevada a cabo por el ENRE y el ENARGAS determinó que “las tarifas que registraron aumentos sustanciales para los servicios públicos no han sido justas, ni razonables, ni transparentes”. Por ello, propusieron al Poder Ejecutivo iniciar el proceso de renegociación de la revisión tarifaria que se vio postergado por la pandemia de COVID-19. Se mantuvo el congelamiento de tarifas a lo largo de todo el año y se prohibió el corte de servicios ante pagos adeudados. Estas circunstancias imposibilitaron el desarrollo de modificaciones en las tarifas de energía, aunque a partir de informes técnicos realizados por la Subsecretaría de Hidrocarburos y de la Subsecretaría de Energía Eléctrica, el Gobierno a través de sus entes se vio en la necesidad de avanzar con el proceso referido.
¿Cuánto subirán las tarifas?
Al día de hoy se desconoce el porcentaje oficial de aumento que impactará en los servicios, sin embargo fuentes del sector energético analizaban el mes pasado que podría ser alrededor del 35%.
En noviembre cuando el secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó que las subas de la luz y el gas – descongelamiento de tarifas – se aplicarían entre marzo y abril de 2021, aclaró que sería con un esquema diferenciado según los ingresos de cada usuario.
“Hay que ver cómo está el país, cómo está el poder adquisitivo. Esto es fundamental. Nos interesa ver qué capacidad de afrontar tarifas tiene la sociedad argentina. Tenemos claro no aumentar los subsidios en términos porcentuales que están en 1,7% del PBI y no volver a las tarifas de la gestión anterior. Una vez que comience el descongelamiento de tarifas, pasaremos a una transición”, había adelantado Martínez.
«Según Cammesa a las 14.50 alcanzamos nuestro récord histórico de demanda de energía con 5.278 MW. Estamos operando satisfactoriamente con el 99,92% de nuestros clientes con suministro», indicó Edenor.
La demanda de energía eléctrica fue récord por las altas que se registraron en la jornada, informó la prestadora Edenor, operadora en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires y de la región noroeste del conurbano.
«Según Cammesa a las 14.50 alcanzamos nuestro récord histórico de demanda con 5.278 MW. A pesar de las temperaturas superiores a los 35°, estamos operando satisfactoriamente con el 99,92% de nuestros clientes con suministro», indicó la empresa por la red social Twitter.
Por su parte, Edesur, la operadora encargada del servicio en la zona sur tuvo una demanda de 3900 MW por debajo del récord de 4200 MW.
La demanda se generó en un día con altas temperaturas y la definición de alerta naranja por parte del Servicio Meteorológico Nacional.
En la Ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima superó los 35 grados.
Provincias como San Juan y Formosa encabezaron el ranking con los registros de mayor temperatura del país. En esos lugares el Servicio Meteorológico Nacional estableció el alerta violeta.
Nicola Melchiotti country manager del grupo ENEL en el país, recordó que el servicio eléctrico es esencial y dijo que «se ha vuelto aún más importante en un contexto de teletrabajo, clases virtuales y hospitales exigidos al máximo».
La empresa ENEL Argentina solicitó dar prioridad a los trabajadores de energía en la campaña nacional de vacunación contra el Convid-19.
“En el contexto de la pandemia, el personal de las empresas de energía ha resultado esencial para la continuidad de la vida laboral, la educación y la salud”, destacó ENEL, operadora de Edesur y plantas de generación eléctrica en el país.
“Los trabajadores salen todos los días a la calle a realizar obras y reparaciones fundamentales en un momento en el que la electricidad se ha vuelto irremplazable”, agregó.
La firma reveló que “está trabajando” para lograr que el Gobierno incluya a sus trabajadores entre los grupos prioritarios para la vacunación.
Nicola Melchiotti, country manager del grupo ENEL en el país, recordó que el servicio eléctrico es esencial y dijo que “se ha vuelto aún más importante en un contexto de teletrabajo, clases virtuales y hospitales exigidos al máximo”.
“Para que esas conexiones vitales se mantengan, nuestro personal ha tenido que salir a la calle a enfrentar la pandemia sin posibilidad de quedarse en casa. Por esta razón, creemos que cuidar su salud y acceder a la vacunación es un deber para sostener la estructura de un esquema que ha cambiado velozmente durante el 2020”, destacó Melchiotti.
El Gobierno dió el primer paso para actualizar las tarifas eléctricas, cuyo congelamiento vence el próximo 15 de marzo. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) anunció la convocatoria formal a las empresas de distribución para iniciar la negociación. Según fuentes del mercado, la actualización sería del 9%, aunque en el Gobierno aseguran que el porcentaje no está definido.
Esta suba, de un dígito, implicaría un incremento del 20% para las distribuidoras (Edenor, Edesur, por ejemplo) y para las transportistas (Transener), que representan un tercio del precio final de la factura.
Los demás componentes de la tarifa son impuestos (otro tercio) y generación eléctrica, donde operan las empresas Enel, Pampa Energía, Central Puerto, Genneia, AES e YPF Luz, entre otras. Para ellas, por ahora no habría aumentos de precios y se les mantiene congelada la tarifa, que está sin cambios desde febrero del año pasado, cuando la administración actual la pesificó. En ese entonces, se decidió que habría una fórmula de ajuste mensual por inflación, pero se suspendió en marzo cuando arrancó la pandemia.
La semana pasada, las dos cámaras que representan a las distribuidoras y a las generadoras emitieron un comunicado en el que advirtieron sobre el impacto negativo del congelamiento en el servicio eléctrico.
«Tenemos 80% de los costos en dólares, por la operación, el mantenimiento y la compra de repuestos, y el 20% restante de los costos es en pesos. Y mientras que hubo una devaluación e inflación de más del 30%, nosotros tenemos los ingresos congelados en pesos», indicó un empresario del segmento de la generación. «En enero de 2020, si nos entraban 100 dólares, hoy entran 30», agregó.
En el sector de distribución la situación no es muy distinta. Las tarifas están congeladas desde marzo de 2019 y si bien podrían obtener una actualización del 20%, las empresas dicen que el atraso acumulado por la inflación es del 80%.
«Es necesario conocer que la producción y distribución de energía tiene un costo y no es ‘gratis’ o ‘económica’ como algunos consideran. Se requieren inversiones constantes para garantizar las condiciones de calidad requerida por los usuarios», decía el comunicado de la asociación que nuclea a las distribuidoras, Adeera.
La fijación de las tarifas eléctricas implicó que los usuarios paguen en promedio un 40% del costo total de la generación, cuando hace dos años ese porcentaje había llegado al 70%, luego de los incrementos tarifarios. Durante los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner, tras años de congelamiento tarifario, los usuarios llegaron a pagar solo el 10% del costo total.
Más subsidios
La situación ahora vuelve a preocupar tras el incremento de 144% en el gasto en subsidios que mostraron las cuentas públicas en diciembre. Esto explicó el 18% del aumento total del gasto primario, según cálculos de la consultora LCG.
«Responde fundamentalmente a la asistencia financiera a Cammesa [la compañía con control estatal encargada del despacho eléctrico] ($39.000 millones) y subsidios destinados a la oferta y demanda de gas natural ($13.000 millones en total). Los subsidios a la energía se multiplicaron por tres en diciembre de 2020 respecto de diciembre 2019″, dice la consultora que dirige Guido Lorenzo.
Aún falta definir también la moratoria que propuso el Ministerio de Economía en el presupuesto de este año para regularizar las deudas por $140.000 millones que las distribuidoras en total acumulan con Cammesa. Sucede que las empresas se financian con la recaudación de las tarifas eléctricas que le corresponden al segmento de generación, ante la falta de actualización de sus ingresos.
Es por eso que la cartera que dirige Martín Guzmán diseñó un régimen especial de regularización de las obligaciones pendientes de pago de las distribuidoras acumuladas al 30 de septiembre, «ya sean por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades».
La adhesión a la moratoria no es automática, sino que la Secretaría de Energía evaluará previamente la situación económica de cada distribuidora, lo que podría generar un trato diferencial con las empresas. Con este régimen, en el Gobierno buscan que Cammesa tenga más herramientas para presionar el pago de la generación eléctrica, ya que, de lo contrario, la compañía acumula activos difíciles de cobrar.
