Vuelta al esquema de fines de 2015 de las tarifas de luz: en el interior pagan hasta 3 veces más que en Buenos Aires

Las provincias autorizan subas de tarifas de luz a sus distribuidoras mayores a las de Capital y Conurbano.

Los porteños y bonaerenses pagan un tercio por su consumo de luz en relación a lo que abonan los cordobeses por ese mismo concepto. Un hogar en Neuquén o Tucumán recibe boletas que duplican las que le llegan a un cliente en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La falta de homogeneidad en las tarifas de distribución eléctrica (luz) vuelven a repetir un cuadro ya experimentado, entre 2007 y 2015.

Una factura de bajo consumo residencial orilla los $ 500 mensuales -antes de impuestos- en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las zonas de concesión de Edenor y Edesur. Esa boleta es de $ 1.407 en Córdoba. En Neuquén, está rozando los $ 1.000. En la siguiente categoría tarifaria, pero también dentro de consumos menores, porteños y bonaerenses pagan $ 1.000 mensuales, mientras que una vivienda en Tucumán recibe una factura de $ 2.000 por ese concepto.

Las diferencias en las tarifas de luz tienen que ver con el área de jurisdicción. Cada provincia tiene su propia eléctrica a la que autoriza incrementos en los márgenes. La regulación de las concesiones de Edesur y Edenor habían pasado -durante el gobierno de Mauricio Macri- a un ente que conformarían la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero la administración de Alberto Fernández revirtió esa decisión y devolvió esas concesiones a la órbita del Estado nacional.

Aunque todas los hogares pagan el mismo costo por la electricidad consumida, la diferencia está en los márgenes que aplican las distribuidoras que los abastecen. Es lo que cobra cada compañía por prestar su servicio. Eso se llama “valor agregado de distribución”.

La energía consumida está subsidiada para todos, porque el precio es uniforme en todo el país. La diferencia son los cargos de distribución e impuestos, que establece cada provincia.

Desde febrero de 2019 hasta mediados de 2021, la mayoría de los gobernadores autorizaron incrementos en ese cargo. La inflación acumulada en ese período supera el 100%.

La secretaría de Energía autorizó, en mayo, un 9% de suba para las empresas bajo su jurisdicción (Edenor y Edesur). La provincia de Buenos Aires -que regula las concesiones de Edelap, Eden, Edea y Edes- se plegó al gobierno nacional y también avaló un 9% “Esta dispersión tarifaria no es nueva, para finales de 2015, el congelamiento de tarifas por más de una década en AMBA generó una enorme brecha tarifaria en relación con las tarifas provinciales que aumentaron de acuerdo con la inflación”, explica Alejandro Eintoss, coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem.

“Un usuario de Córdoba y Santa Fe pagaba facturas entre 6 y 7 veces superiores a un usuario del AMBA con igual consumo para finales de 2015. Todo indica que la política tarifaria nacional nos lleva a recorrer el mismo camino”, añade Eintoss, que recopiló los datos antes expuestos.

En una factura de luz, cerca del 40% es el costo de generación eléctrica. El 36% es el margen de las distribuidoras, y el 23% corresponde a impuestos. El resto son costos de transmisión.

Excluyendo los impuestos, lo que se paga en una boleta va en un 51% a cubrir el costo de generación y 47% se queda la distribuidora.

El costo de generación eléctrica es el mismo para todo el país. La diferencia pasa por los márgenes de cada distribuidora. La “cobertura” de las boletas sobre el costo de la generación eléctrica es del 30%. Es decir que 7 de cada 10 pesos de lo que cuesta generar la electricidad lo paga el Estado. Es el nivel más bajo desde 2016. En 2015, los subsidios cubrían casi un 90% de los costos.

De todas formas, las distribuidoras tampoco vienen pagando toda la electricidad que consumen sus clientes. Las firmas le deben cerca de $ 200.000 millones a Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, bajo control estatal. Las empresas no cubren sus costos pero se financian con Cammesa.

Edet (Tucumán) y Epec (Córdoba) lideran los aumentos en los últimos dos años. La distribuidora tucumana incrementó sus tarifas en un 71% en la categoría de consumo 300 kw/h mensuales. Epec subió un 71% a los clientes con mayor consumo (por ejemplo 600 kw/h), aunque igual el promedio de sus ajustes va del 64% al 74%.

Edemsa, la distribuidora de Mendoza, cuyos accionistas, el grupo Vila-Manzano, compraron el control de Edenor, remarcó un 32% en ese territorio cuyano. Enersa, de Entre Ríos, subió un 24%-25% las categorías de consumo menores, pero en los segmentos que demandan más electricidad remarcó hasta un 97%.

Según un cálculo de Edenor, cada cliente de esa empresa paga cerca de US$ 13 mensuales (al tipo de cambio oficial y para un consumo de 275 kw/h, que es una suerte de cliente R2-R3, considerados como de baja demanda). En Mendoza, ese cliente paga US$ 20. En Santa Fe y San Luis, entre US$ 21 y US$ 22. Entre Ríos, con US$ 33 para esa vivienda, y Córdoba, con US$ 36, lideran la tabla.

La factura de Buenos Aires, en torno a los US$ 13, es un tercio que la equivalente en Chile, que es US$ 38. Es casi un cuarto de lo que paga el promedio en Brasil (US$ 42), siempre dentro de ese mismo consumo. Esa boleta escala a un rango de entre US$ 58 a US$ 67 en otros latinos, como Perú y Uruguay. Una factura similar en España promedia los US$ 80, los US$ 79 en Reino Unido y US$ 69 en Francia. Los datos corresponden a una presentación hecha por Edenor a los inversores, cuando explicó sus pérdidas del primer semestre.

Fuente: www.clarin.com

Martínez y Arroyo impulsan que los servicios básicos lleguen a más barrios populares

El Secretario de Energía y el Ministro de Desarrollo Social de la Nación firmaron esta tarde un acta de colaboración para llegar con los servicios básicos de energía eléctrica, gas y alumbrado público a más barrios populares a través del Programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares.

Darío Martínez expresó que “la colaboración que iniciaremos junto al Ministerio de Desarrollo Social logrará mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Todos los argentinos y argentinas tienen derecho a acceder los servicios básicos, sin importar el lugar en el que vivan, por eso seguiremos trabajando bajo el mandato del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, logrando que la energía llegue a cada rincón de nuestro país”.

«La urbanización de barrios populares es un eje fundamental de las políticas del Ministerio de Desarrollo Social, porque combina el acceso a derechos con la generación de un gran plan de empleo. Este convenio con la Secretaría de Energía es un salto de calidad en el proceso que venimos llevando adelante, porque posibilitará el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los barrios y el acceso a un servicio básico para miles de familias que hoy viven en condiciones muy difíciles», expresó a su vez Daniel Arroyo.

El acta de colaboración contempla que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social trabajen de forma conjunta en la identificación y el diseño de proyectos energéticos para dar respuesta a las necesidades de infraestructura, mejoras en eficiencia energética y seguridad eléctrica de los barrios populares.

Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares es un programa dependiente de la cartera de Desarrollo Social que tiene como objetivo principal la elaboración e implementación de proyectos de integración socio urbana para los barrios inscritos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).

Se trata una serie de acciones que tienen como meta principal el acceso a los servicios básicos, la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el tratamiento de los espacios públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad a los barrios, la conectividad y el saneamiento. Todas estas obras deben adjudicarse, en un 25% como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular integradas, preferentemente, por los vecinos y vecinas de los barrios.

La Secretaría de Energía y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación acordaron el aporte de información relevante para identificar proyectos de obras y servicios de provisión de energía eléctrica y gas necesarios en los barrios populares alcanzados por el programa.

Fuente: www.argentina.gob.ar

Argentina y Bolivia cierran acuerdos estratégicos por el litio y la explotación de gas

El gobierno socialista de Arce y el de Alberto Fernández avanzaron en un memorándum para desarrollar con el Conicet trabajos de investigación y la incursión en plantas gasíferas bolivianas.

El gobierno empezó a cosechar los frutos de las buenas relaciones que Alberto Fernández tiene con la administración socialista de su par boliviano Luis Arce y empezó a ver en hechos concretos los resultados de haber acogido a Evo Morales en su exilio: Bolivia acaba de cerrar con la Argentina un acuerdo para avanzar en tareas de investigación sobre el desarrollo del litio y aceptó incluir a su vecino en los futuros proyectos de explotación de yacimientos de gas.

No se trata de temas menores para la economía de ambos países y el despliegue de proyectos conjuntos que en el futuro podrían derivar en incentivos comerciales de envergadura para la región.

El embajador argentino en La Paz, el kirchnerista Ariel Basteiro, avanzó en los últimos días en un memorándum de entendimiento entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), YPF, Y-TEC, CONICET, y del lado de Bolivia, del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para establecer una agenda común de intercambio y desarrollo científico-tecnológico en materia energética, especialmente, para el desarrollo para la extracción e industrialización del litio, hidrocarburos, y energías renovables.

El acuerdo se selló entre el titular de la cartera de Ciencia, Roberto Salvarezza, y su par de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina Ortiz. Según pudo saber El Cronista el acuerdo conjunto apunta a desarrollar tecnologías de desarrollo de producción de baterías y otros derivados del litio.

El entendimiento entre la Argentina y Bolivia cobra relevancia en nuestro país si se tiene en cuenta que desde el kirchnerismo duro empezaron a evaluarse distintos proyectos de ley tendientes a nacionalizar el litio y ejercer una mayor intervención estatal en el desarrollo de este mineral copiando el modelo boliviano que supo instrumentar Evo Morales desde que era presidente.

 

«Debemos intensificar la cooperación con Bolivia tanto en la formación y desarrollo de nuestros recursos humanos como en la participación de nuestros países en toda la cadena productiva de nuestros recursos naturales. Argentina está encarando una serie de innovaciones y proyectos en el área del litio, gas y petróleo», dijo el ministro Salvarezza en relación al acuerdo con Bolivia.

El gesto con Bolivia es relevante desde el punto de vista geopolítico si se tiene en cuenta que ambos países forman parte del denominado «triángulo del oro blanco» que incluye también a Chile. Los tres países concentran gran parte de los yacimientos mundiales de litio que son necesarios para el desarrollo de nuevas tecnologías.

Respecto del litio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología destacó que trabaja para fortalecer las capacidades que hacen al desarrollo de recursos humanos respecto a la tecnología de litio y la cadena de valor (del mineral a la fabricación de la batería). Por ejemplo, el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu) trabaja en la temática de extracción del litio.

Por otro lado, hay dos plantas piloto para desplegar en Argentina la construcción de baterías para almacenar energía eólica y solar. En este sentido, Bolivia ha desarrollado procesos de producción de baterías que compartirá con la Argentina a raíz de este acuerdo de cooperación científica.

En tanto, el otro acuerdo en marcha tiene que ver con la decisión del presidente Arce de que la empresa estatal de gas de Bolivia cierre contratos de servicios petroleros con empresas de Argentina para ejecutar 20 proyectos de exploración de hidrocarburos en varias regiones del territorio nacional, con una inversión prevista mayor a u$s 400 millones.

La estatal petrolera de Bolivia presentará el plan de exploración que ejecutarán YPFB y las empresas operadoras en el periodo 2021-2022 con la finalidad de incrementar las reservas de gas natural y petróleo del país, informó el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen.

El gobierno socialista de Bolivia instrumentó un plan exploratorio del gas que se sumará al proyecto de construcción y producción de diésel renovable -o ecológico- en el departamento de Santa Cruz, que demandará u$s 250 millones de inversión y estará concluido y en funcionamiento a finales de 2024.

 

Este acuerdo se da en medio de una dura pulseada entre ambos gobierno por la provisión de gas en invierno que escasea en la Argentina.

Así, los gobiernos de Argentina y Bolivia acordaron este jueves una quinta adenda al convenio de venta de gas natural vigente desde 2004, por la cual el país recibirá en 2021 hasta 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) durante los meses de invierno, lo que significará un 30% menos de lo entregado este año. El acuerdo incluye una baja del precio del gas que Argentina le compra a Bolivia como consecuencia de la imposibilidad del vecino país no sólo de poder cumplir con los volúmenes del contrato original firmado por los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, sino los acordados en la cuarta adenda. De acuerdo a la adenda tras las negociaciones iniciadas en junio, Bolivia se comprometió a enviar 11 MMm3/d de enero a abril; luego incrementar a 14MMm3/d para los meses más fríos de mayo a agosto, para reducir a 13MMm3/d en septiembre y caer a 10 MMm3/d en el último trimestre de 2021.

Fuente: www.cronista.com

Bernal: «El objetivo es tener tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva»

El interventor del Ente Nacional de Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, inauguró la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar «tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva».

 

 

El funcionario destacó que «a partir de la decisión del Presidente plasmada en el decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes», y afirmó que «con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos».

El titular del ente regulador consideró que «el significado, concepto y alcance técnico-jurídico de servicio público, no debe estar sujeto a la libre interpretación u opinión de funcionarios, como sucedió años atrás».

Advirtió que «cuando aparece la libre interpretación peligra nada más ni nada menos que un derecho social promotor y protector de derechos humanos de los argentinos, como efectivamente sucedió entre 2016 y 2019, donde no solo peligraron, sino que fueron directamente avasallados».

También recordó al ex ministro de Energía Juan José Aranguren cuando expresó públicamente: «No estoy de acuerdo con que la energía sea un derecho humano. El mayor derecho humano que se le puede dar a una persona es la posibilidad de tener trabajo que permita pagar ese servicio».

Al respecto Bernal puntualizó que «los salarios reales del empleo privado registrado se desplomaron 17% entre fines de 2017 y fines de 2019; y los del empleo público, cayeron 18%», y precisó que «se perdieron, solamente en el primer año, 300.000 empleos».

«En paralelo, la tarifa social perdió 800.000 beneficiarios y beneficiarias, es decir, se quedaron sin este programa social más de 2,5 millones de personas», afirmó el funcionario.

Cuestionó los dichos de Aranguren de que «acceder a un servicio público, que es un derecho social garantizado por la Constitución Nacional y fundamental para la concreción de derechos humanos, deba depender de la capacidad de pago del usuario o la usuaria».

Bernal sostuvo que «no puede ser susceptible de libres interpretaciones la protección, el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, uno de los cuales es, precisamente, el servicio público de gas por redes».

Además remarcó que «la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía», y afirmó que «la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo».

«Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años», puntualizó el interventor del Enargas.

Aseguró que «no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles, tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva».

También señaló que en el caso de la salud, «bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos».

«Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción», remarcó Bernal.

Indicó que «sin todo esto, es decir, sin mercado interno, la Argentina retorna a un estadio de su evolución entre una colonia y un Estado Nación soberano, lo que en la jerga científica se denomina semicolonia».

En ese sentido, puso como ejemplo que «nunca antes desde principios de los noventa, se desconectaron del servicio público pymes como efectivamente ocurrió entre 2016 y 2019: más de 13.000», y concluyó que «esto no es un proyecto de país».

Fuente: www.ambito.com

El secretario de Energía destacó obras y avances en materia energética

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, destacó hoy los avances en políticas de materia energética en las provincias de Neuquén, Corrientes y La Rioja y dijo que las tarifas de los servicios saldrán de las conclusiones de las audiencias públicas.

El funcionario subrayó que el Gobierno apunta a que los argentinos «no pierdan poder adquisitivo» y que se trabaja en «la segmentación» para subsidiar a los sectores «que realmente no pueden pagar».

Martínez aseguró en declaraciones al Canal 7 de Neuquén que el Plan Gas.Ar, que se encuentra en marcha, fue «una gran decisión del presidente Alberto Fernández» y aunque «todavía Argentina importa mucho gas, entendemos que estas medidas ayudan a frenar el declino y hay que ir pensando también en un desarrollo a largo plazo para eliminar definitivamente la importación de gas».

Respecto de las audiencias públicas por las tarifas señaló que «se realizaron las audiencias por gas y se está realizando en este momento la audiencia en función de la electricidad, por lo que en pocos días vamos a poder avanzar con las conclusiones de esas audiencias públicas».

Y remarcó que el mandato desde el Gobierno nacional «es que no se pierda poder adquisitivo por parte de los argentinos para poder pagar la energía. Que los salarios tengan que crecer y crezcan mucho más de lo que evolucione la energía o la tarifa, en eso estamos trabajando».

El secretario de Energía indicó que «trabajamos en las segmentaciones, porque entendemos que es mejor la utilización de los subsidios si se hace teniendo en cuenta los niveles de ingreso de la sociedad. Hay un gran nivel de subsidio en materia energética en la Argentina, pero vamos a ir evolucionando a un esquema donde se subsidie a quien realmente no lo pueda pagar».

En tanto, al hablar con el canal 13 de Corrientes en una comunicación punto a punto desde la Casa Rosada el funcionario destacó las obras que se realizan para la construcción de la Central Hidroeléctrica Añá Cuá, «que ampliará la capacidad energética de Yaciretá» y que está ubicada en Ituzaingó, 230 km al noreste de la capital correntina.

Según dijo Martínez se trata de «una buena noticia para la provincia y para la Argentina, porque significa más energía, más trabajo y más industria».

El funcionario destacó que en Añá Cuá, la megaobra energética, «se invertirán 400 millones de dólares y generará 2500 puestos de trabajo» y, añadió, «se ha puesto en marcha una obra importantísima que prestigia a la Argentina» y «es un paso más hacia una Argentina más federal».

Cuando habló con el canal 9 de La Rioja, Martínez, además de destacar las obras de energía y gas en marcha mencionó proyectos que se financian desde la Nación y puso de relieve el sentido federal que tiene la secretaría a su cargo «por orden del presidente (Alberto Fernández) y la vicepresidenta (Cristina Kirchner)».

Por otro lado se mostró esperanzado que el país entrará en un «proceso de recuperación más allá de la pandemia o a medida que se pueda avanzar con la vacunación y cada Provincia va a demandar más energía. Y esa energía queremos que se transforme en más puestos de trabajo, más industrias para la salida de la Argentina», señaló además.

Respecto a la obra de tendido eléctrico en la zona Sur y otras inversiones financiadas por la Nación que se están haciendo en La Rioja expresó que «hace poco estuvimos inaugurando el tendido de esa obra y entendemos que hay demanda y faltan todavía muchas otras. Tratamos de poner todo nuestro esfuerzo en entender la realidad y la particularidad de cada Provincia».

Con respecto a la demanda en materia energética riojana manifestó que «sabemos que se encuentra abajo. Hace falta acompañar con el presupuesto nacional y por eso hay varios proyectos en carpeta para seguir su desarrollo, y esa es la manera de hacer una Argentina más federal», indicó.

Fuente: telam.com.ar

Qué esperar de la agenda de la industria energética en 2021

Varios empresarios de la industria energética se ilusionaban a mediados del año pasado con construir una agenda que edificara en 2021 el desarrollo a mediano y largo plazo del sector. La post-pandemia emergería, desde esa creencia, en los primeros meses de este año cargada de frescura y aires de crecimiento. No es la fotografía que se observa ahora. La realidad, por el contrario, se presenta como una continuidad del año que se fue, con el COVID-19 aún en el centro de escena. Incierta, compleja, opaca y con escaso nivel de expectativas positivas. De un relevamiento entre líderes del mercado se desprende que lo que prima es, entre los moderados, el escepticismo. Y entre los sanguíneos, la crítica.

No va a ser, en definitiva, un año sencillo. Los pilares de la agenda actual consolidan una coyuntura gris en la que predomina la falta de certezas en los grandes temas. No está claro, por ejemplo, qué pasará con las tarifas residenciales de gas y electricidad, bastión clave para saber cómo responderán los precios relativos de la energía. Tampoco existe confirmación acerca de cómo evolucionarán los precios de los combustibles, fuente de financiamiento de YPF e, indirectamente, del resto de los productores de crudo.

La política, a su vez, se debe una discusión interna en torno a cuál será la política para la industria energética del gobierno de Aberto Fernández. La prioridad, hasta ahora y como es entendible, estuvo en la pandemia. Pero en el debe todavía está la definición de qué hacer con algo tan clave para la economía como es la industria energética. Lo que se vislumbra, entonces, según la mayoría de los pronósticos, es una agenda sucia, espasmódica, en la que los temas se irán ordenando inercialmente en la medida en que la urgencia los convierta en ineludibles.

Falta de un liderazgo claro  

El déficit principal que arrastró la política energética durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández fue la falta de una conducción política clara en el sector. Apenas asumió, el presidente designó como secretario de Energía a Sergio Lanziani, quien nunca terminó de ponerse al frente del área y fue desplazado en los hechos por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, quien articuló la gestión del área con dos bastoneros: Juan José Carbajales en hidrocarburos y Esteban Kipper en electricidad.

Pese a ello, Kulfas nunca terminó de tener el control del área porque, desde el inicio del gobierno, Cristina Fernández de Kirchner se aseguró el control de los entes reguladores, donde puso a Federico Bernal (Enargas) y Federico Basualdo (ENRE). Ninguno de esos funcionarios reportaba a Kulfas y Bernal directamente lo desafiaba públicamente sembrando dudas en los medios de comunicación sobre la conveniencia de avanzar con el Plan Gas que Kulfas estaba impulsando.

Finalmente, a fines de agosto el presidente le quitó a Kulfas el control del área energética, que pasó a la órbita del Ministerio de Economía, y aprovechó para poner como secretario de Energía a Darío Martínez, en reemplazo del fantasmal Lanziani. Martínez contó con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner, pero no logró consolidarse como el hombre fuerte del área, en parte porque los funcionarios que responden directamente a la vicepresidenta no se subordinaron a su conducción sino que recortaron el poder de decisión del secretario.

El mejor ejemplo de este avance lo constituyó el DNU que en diciembre le atribuyó a los entes reguladores la renegociación tarifaria, dejando en un segundo plano a la Secretaría de Energía. Desde entonces, Bernal y Soledad Manin, la mano derecha que Basualdo dejó en el ENRE cuando asumió como subsecretario de Energía Eléctrica, son los encargados de discutir con las empresas el sendero de transición tarifaria para los próximos meses.

Tarifas  

«No se puede producir en pesos y pagar tarifas dolarizadas, vamos a desdolarizar las tarifas y seguirán el ritmo del salario y el ingreso de los argentinos», aseguró Alberto Fernández en junio de 2019, durante la campaña electoral que lo llevaría a la presidencia. Con una inflación en torno al 40%, la promesa presidencial hacía prever un ajuste tarifario en línea con la evolución de los precios o incluso un poco por debajo, si es que los salarios perdían contra la inflación. Sin embargo, durante 2020 la inflación trepó 36,1% y hasta octubre de 2020 el índice de salarios que publica el Indec había registrado una variación interanual de 32,9%, y las tarifas permanecieron congeladas, lo que significó una fuerte reducción en términos reales.

El primer congelamiento se estableció en diciembre de 2019 a través del artículo 5 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Estaba previsto que rigiera hasta marzo, pero el gobierno justificó su prórroga a raíz del impacto provocado por la pandemia. Apenas asumió, Darío Martínez dejó en claro que la intención del presidente era avanzar con un descongelamiento a partir de enero de 2021, pero en diciembre se decidió una nueva prórroga del congelamiento por otros 90 días.

Desde el gobierno afirman que se avanzará en un esquema de transición mientras se encara la renegociación de la revisión tarifaria integral, pero por ahora no hay ningún porcentaje de aumento confirmado y las primeras versiones indican que, si hay ajuste, se ubicaría muy por debajo de la inflación. Esa situación obligaría a incrementar todavía más las partidas destinadas a subsidios económicos en un contexto de crecientes restricciones fiscales. La contracara de esa política es el impacto en la calidad del servicio, pues las empresas dejaron en claro que con tarifas congeladas y costos que trepan al ritmo de la inflación es imposible invertir para garantizar el mantenimiento y la expansión del servicio.

Cadena de pagos del sector eléctrico 

El congelamiento tarifario tuvo como consecuencia durante 2020 un fuerte incremento de la deuda que las distribuidoras mantienen con Cammesa. El pasivo acumulado hasta diciembre, por transacciones concretadas hasta octubre, trepó a $ 142.887 millones y la tasa de cobrabilidad se derrumbó en apenas un año del 84% al 55%. Lo que hacen las compañías es dejar de pagar la energía que reciben del sistema para tratar de preservar lo más posible la situación de su caja.

Una primera iniciativa para tratar de regularizar esto fueron los artículos 18 y 19 de la ley de ampliación del Presupuesto 2020, que contemplaban créditos para las distribuidoras eléctricas. El artículo 18 les reconocía a las distribuidoras créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año que debían pagar en el Mercado Eléctrico Mayorista. A su vez, en el artículo 19 se aclaraba que esos créditos serían aplicados solo a las distribuidoras que al 20 de octubre de este año no posean deuda en el MEM o hayan adherido a un plan de refinanciación con Cammesa.

Ese plan de pagos no debía exceder las 60 cuotas mensuales. Además, las distribuidoras tendrían 12 meses de gracia y deberían tener que pagar una tasa de interés equivalente al 50% de la vigente en el MEM. El texto aclaraba, además, que la tasa de interés diferida se aplicaría a partir del 1 de enero de 2019 para la determinación de la deuda que cada distribuidora se comprometiera a cancelar. Sin embargo, cerca de la vicepresidenta consideraron que ambos artículos beneficiaban excesivamente a las compañías y el presidente los terminó vetando.  

En su reemplazo se incluyó el artículo 87 de la ley de Presupuesto 2021, que creó un régimen crediticio especial para distribuidoras eléctricas con la intención de que sirva para financiar las deudas. «El régimen de regularización de obligaciones deberá establecer criterios diferenciados para lo cual deberá considerar (…) la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones», establece la norma, que fue pensada para reordenar la cadena de pagos del sector eléctrico y evitar que los subsidios energéticos se disparen aún más en 2021. Sin embargo, su redacción no es precisa y requerirá una reglamentación que especifique cuáles serán los criterios para asignar un crédito de mayor o menor envergadura a las distintas distribuidoras.

Combustibles 

Los precios de los combustibles estuvieron congelados de hecho desde el 1 de diciembre de 2019 hasta el 19 de agosto de 2020, pero en los últimos cinco meses el gobierno le dio luz verde a una serie de subas que ya acumulan 35%. El ajuste fue producto del aumento del precio de los biocombustibles, la suba de impuestos y recomposición parcial de la renta empresaria.

El problema es que desde el 19 de agosto el precio del Brent trepó de u$s 45 a 55, según la cotización del pasado 18 de enero. A raíz de esa variación, pese a las reiteradas subas que se registraron en los surtidores en los últimos meses, los precios todavía permanecen entre 10% y 15% por debajo de la paridad de importación.

Si se proyecta un crudo de u$s 55 promedio para este año, los combustibles deberían recomponer entre 10% y 15% para alcanzar la paridad de importación y luego acompañar una inflación que se proyecta en torno al 50%, ya que la recuperación de la economía le sumará presión a los precios.

La mayoría de los analistas coinciden en que será prácticamente imposible esperar a que el gobierno autorice un incremento en los precios de semejante naturaleza a pocos meses de las elecciones legislativas. Por lo tanto, si el precio internacional del crudo no baja, lo más probable es que el atraso en los precios se profundice.

Inversión en gas

El congelamiento tarifario y la demora para impulsar el Plan Gas profundizó durante 2020 el freno a la inversión, que ya había comenzado en 2019 cuando Mauricio Macri pesificó el precio del crudo. La expectativa del gobierno, según un documento oficial distribuido en diciembre, es que el Plan Gas impulse una inversión de u$s 6.500 millones hasta 2024. Además, que la recuperación proyectada de la producción derive en un ahorro de  u$s 9.200 millones en divisas por las menores importaciones que se requerirán.

En la industria energética coinciden en que el Plan Gas ayudará a frenar la declinación de la producción, pero afirman que el rebote será moderado con respecto a la actividad que llegó a tener Vaca Muerta en los últimos años. La consecuencia será una mayor tensión con los gremios. La prohibición de los despidos durante 2020 ayudó a contener la situación, pero en cuanto esa medida se levante muchas empresas tienen previsto reducir personal.

Fuente: econojournal.com.ar

Las tarifas de gas habrían aumentado 130% con el cuadro tarifario anterior

«Esos son aumentos que no son razonables. Por eso, vamos a meter en la balanza todo, los años de las tarifas de gas de Macri y la pandemia del año pasado y la de éste, más lo que la ciudadanía exprese» en la audiencia pública prevista para el 16 de marzo.

A su criterio, «las tarifas de Macri dejaron de existir. Y en el caso de que se definieran aumentos, debería haber un abaratamiento del servicio». Bernal sostuvo en declaraciones radiales que, durante la audiencia, «la ciudadanía deberá hacer su descargo y, en función de eso, se decidirá si se aumenta o no».

El titular del Enargas dijo que durante el gobierno anterior «las audiencias eran una mera postura de reclamos de la ciudadanía que jamás se tenían en consideración». La audiencia prevista para el mes próximo tiene como fin iniciar el descongelamiento de las tarifas de transporte y distribución de electricidad por redes. La convocatoria se realizará de manera virtual y el Enargas convocó esta semana a usuarios, empresas, expertos y representantes de asociaciones de defensa de los consumidores, entre otros.

La audiencia pública tiene como objetivo central poner a consideración el Régimen Tarifario de Transición (RTI), acorde con el Decreto 1020/20 que firmó el presidente Alberto Fernández. De acuerdo con lo dispuesto, el registro de participantes y oradores se abrirá el lunes a través de la web del ente regulador.

Las licenciatarias de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y Redengas SA deberán presentar ante el Enargas -en un plazo que concluye el 25/2- los cuadros tarifarios de transición propuestos.

Fuente: www.baenegocios.com