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Después de más de cinco meses de negociaciones, el Gobierno liberará unos u$s 300 millones en  subsidios para mejorar la remuneración de centrales eléctricas y acelerar inversiones que permitan sostener la disponibilidad del parque térmico, justo cuando el sistema está al límite por la falta de gas y opera con combustibles líquidos que son más caros y contaminantes.

Como los usuarios no pagan plenamente el costo de la generación eléctrica, el Tesoro tendrá que poner esta diferencia con subsidios.

Una fuente oficial consultada por El Cronista recalcó que dos de las principales medidas que tomó el Gobierno para el sector eléctrico entre 2020 y 2021 permitieron un ahorro fiscal acumulado de $ 75.000 millones en dos años.

Son, precisamente, la desdolarización de la energía mediante la Resolución 31/2020 de febrero del año pasado y el aumento de la electricidad para Grandes Usuarios del Distribuidor (GUDI), que impactó sobre 2900 industrias y comercios desde abril de este año.

La decisión oficial de actualizar los ingresos de las firmas eléctricas, que se plasmará en una resolución que se publicará mañana en el Boletín Oficial, fue trabajada por el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Se trata de una de las primeras medidas de la cartera tras el estallido de una pelea interna entre Basualdo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, que personificaron hace tres semanas las diferencias que tiene el Frente de Todos en relación al modelo económico y qué hacer con los recursos fiscales para sostener las tarifas con un aumento de solo un dígito en todo el año.

Punto por punto

Los casi $ 30.000 millones en subsidios que liberará la Secretaría de Energía irán a las plantas sin contrato vigente con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que ya están amortizadas o son «viejas».

Su remuneración se rige por la Resolución 31/2020 para cubrir exclusivamente los costos de operación y mantenimiento (excluyendo el combustible y otras inversiones de ampliación).

Esa norma de febrero del año pasado desdolarizó la energía para obtener un ahorro fiscal y cumplir una promesa de campaña del presidente Alberto Fernández.

Un mes después, cuando sobrevino la emergencia sanitaria, el entonces secretario de Energía, Sergio Lanziani, congeló esos ingresos, que ahora saldrán del freezer.

Ahora, la mejora de 29% en los valores de la remuneración o de 26% en los ingresos anuales llegará a las cuentas de compañías como AES, Central Puerto, Enel y Pampa Energía, grandes jugadores en el negocio de la generación térmica e hidroeléctrica.

Estas empresas declararon en sus reportes a inversores que la Resolución 31 les significó una caída de su EBITDA de entre 25% a 40%, según el mix de generación con la que cuentan.

La medida será retroactiva al 1 de febrero, solamente si las firmas afectadas por esa resolución aceptan desistir de todo reclamo ante el Estado «por el pasado, presente y futuro», según contaron en el Gobierno.

El conjunto del sector, nucleado en la Asociación de Generadoras de Energía Eléctrica (AGEERA), reclamaba cerca de un 50% de incremento en su remuneración.

De acuerdo a estimaciones oficiales, la desdolarización y el congelamiento de la energía sin contrato implicó una reducción del costo de generación de $ 12.641 millones en 2020 y se proyecta un ahorro fiscal adicional de $ 33.364 millones para 2021.

Por otro lado, la política implementada para los 2900 usuarios «GUDI», que desde abril pagan el costo pleno de la energía mayorista, significaría para el Tesoro un ahorro fiscal de $ 29.000 millones hasta diciembre.

Las grandes industrias y comercios del país tuvieron subas de entre 54% y 78% por sus consumos eléctricos (que verán en las boletas que empiezan a llegar en los próximos días).

Y el Estado, con estas dos medidas, contabilizará $ 75.000 millones que servirán para distribuir principalmente entre los usuarios residenciales.

Por la vía de los subsidios, se sostendrá el aumento de 9% en las facturas de luz de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, que permitirá traccionar una recuperación del salario real de millones de personas («salario indirecto») de cara a las elecciones legislativas.

Pero al mismo tiempo, el incremento de un dígito solamente significó una suba de entre 20,9% y 21,8% en los ingresos de Edenor y Edesur y no repaga el alza del costo mayorista de la energía, que como tiene componentes dolarizados (los combustibles) sigue creciendo al ritmo de la devaluación del peso.

En un trabajo para el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, los economistas Julián Rojo y Alejandro Einstoss calcularon que los subsidios energéticos podrían trepar a u$s 10.000 millones en este 2021, o un equivalente al 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI).

La cifra nominal es similar a la de hace 10 años, cuando en 2011 los crecientes desequilibrios fiscales, comerciales y monetarios obligaron a instaurar los controles de capitales («cepo»).

Las transferencias a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) llegarían a $ 633.781 millones o un 1,69% del PBI, contra $ 441.750 millones y 1,18% del PBI que figuran en el Presupuesto 2021, la hoja de ruta a la que se aferra Martín Guzmán.

El Sistema Argentino de Interconexión (SADI) tiene un costo de aproximadamente u$s 8500 millones.

El costo medio de la generación de energía es de u$s 67 por megavatio-hora (MWh), de los cuales el 45% lo paga el conjunto de la demanda -el porcentaje baja a cerca del 30% en el caso de los hogares-, mientras que del otro 55% se hace cargo el Estado.

En la actualidad, el parque térmico está operando con poco gas disponible por la caída en la producción.

Para suplirlo, se utilizan combustibles alternativos como gasoil, fuel oil y carbón mineral, que incrementan los costos del sistema y, en última instancia, se convierten en una mochila para las arcas estatales.

Fuente: www.cronista.com

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