El funcionario destacó que «a partir de la decisión del Presidente plasmada en el decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes», y afirmó que «con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos».

El titular del ente regulador consideró que «el significado, concepto y alcance técnico-jurídico de servicio público, no debe estar sujeto a la libre interpretación u opinión de funcionarios, como sucedió años atrás».

Advirtió que «cuando aparece la libre interpretación peligra nada más ni nada menos que un derecho social promotor y protector de derechos humanos de los argentinos, como efectivamente sucedió entre 2016 y 2019, donde no solo peligraron, sino que fueron directamente avasallados».

También recordó al ex ministro de Energía Juan José Aranguren cuando expresó públicamente: «No estoy de acuerdo con que la energía sea un derecho humano. El mayor derecho humano que se le puede dar a una persona es la posibilidad de tener trabajo que permita pagar ese servicio».

Al respecto Bernal puntualizó que «los salarios reales del empleo privado registrado se desplomaron 17% entre fines de 2017 y fines de 2019; y los del empleo público, cayeron 18%», y precisó que «se perdieron, solamente en el primer año, 300.000 empleos».

«En paralelo, la tarifa social perdió 800.000 beneficiarios y beneficiarias, es decir, se quedaron sin este programa social más de 2,5 millones de personas», afirmó el funcionario.

Cuestionó los dichos de Aranguren de que «acceder a un servicio público, que es un derecho social garantizado por la Constitución Nacional y fundamental para la concreción de derechos humanos, deba depender de la capacidad de pago del usuario o la usuaria».

Bernal sostuvo que «no puede ser susceptible de libres interpretaciones la protección, el pleno goce y el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, uno de los cuales es, precisamente, el servicio público de gas por redes».

Además remarcó que «la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía», y afirmó que «la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo».

«Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años», puntualizó el interventor del Enargas.

Aseguró que «no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles, tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva».

También señaló que en el caso de la salud, «bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos».

«Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción», remarcó Bernal.

Indicó que «sin todo esto, es decir, sin mercado interno, la Argentina retorna a un estadio de su evolución entre una colonia y un Estado Nación soberano, lo que en la jerga científica se denomina semicolonia».

En ese sentido, puso como ejemplo que «nunca antes desde principios de los noventa, se desconectaron del servicio público pymes como efectivamente ocurrió entre 2016 y 2019: más de 13.000», y concluyó que «esto no es un proyecto de país».

Fuente: www.ambito.com